La productividad del trabajo es uno de los determinantes del crecimiento de la renta y de los salarios. Además, es la única fuente sostenible de crecimiento a largo plazo, ya que refleja nuestra capacidad de combinar mejor los factores de producción disponibles (capital, mano de obra, inputs primarios e intermedios y conocimiento) para generar producción y rentas. No es una medida del bienestar, pero su mejora reduce las limitaciones de la escasez de recursos y facilita las políticas en favor de la inclusión social y económica.

En las últimas décadas el crecimiento de la productividad se ha desacelerado notablemente, reduciendo el crecimiento de los ingresos y los salarios. En España, la productividad del trabajo, calculada dividiendo el PIB por el total de horas trabajadas por los ocupados, ha pasado de ser un 12% superior a la media europea en 1995 a empeorar su posición relativa respecto a las regiones líderes de la EU-27 y colocarse un 8% por debajo de la media.

En respuesta a esa desaceleración generalizada, más acentuada en España, muchos gobiernos de la OCDE y la UE han creado comisiones que proporcionan asesoramiento para mejorar las políticas relacionadas con la productividad. La primera comisión creada fue la de Australia, en 1998. A partir de 2010, muchos más países las establecieron y, a raíz de una recomendación del Consejo de la UE en 2016 a los países del euro, la pusieron en marcha todos los estados de la Unión Monetaria Europea, excepto, Italia, Estonia y España, que acaba de anunciar la inminente creación de su Consejo de la Productividad.

Los diez países con mejores cifras de productividad por hora trabajada sí disponen de una comisión propia. Estas comisiones se han puesto en marcha entre 2017, con la creación del consejo de Dinamarca, y el año pasado, 2023, cuando comenzó a trabajar este organismo en Suecia. Irlanda, que creó su consejo de productividad en 2018, encabeza la lista de productividad con 100,89 euros por hora trabajada, un valor que multiplica por 2,2 la media europea, según datos de 2022 (últimos disponibles). Bulgaria, uno de los 7 países sin consejo, cierra la lista con una productividad un 45% inferior a la media (25,53 euros por hora trabajada).

España, junto con Italia, se sitúa ligeramente por debajo de la media europea, con 42,7€ y 45,9€ de productividad por hora trabajada, respectivamente. La evolución de la productividad en España ha sido más débil que la europea, ya que ha crecido a un ritmo del 0,77% anual desde el 2000, frente al 1,05% de media en la EU-27 o el 1,4% de EE. UU. Por esta razón, ha pasado de estar por encima de la media europea a situarse por debajo.

Las comisiones de productividad se crean con el propósito de resaltar la importancia de esta variable para los resultados económicos, explorar los motores que la impulsan y ofrecer orientación a los gobiernos sobre políticas que puedan fortalecerla. Trabajan para que se comprenda el papel de la productividad en las políticas nacionales y aportan nueva evidencia y análisis sobre su crecimiento y sus motores. También proporcionan recomendaciones al gobierno, a los grupos de interés y al parlamento, contrarrestando presiones contra reformas que favorecen la productividad, y contribuyen a los debates nacionales e internacionales sobre las políticas que mejor pueden impulsarla.

Para combatir la débil posición de España en productividad, la futura comisión debería contemplar actuaciones contra los bajos niveles de esfuerzo inversor público total, situado un 17,3% por debajo de la media europea; y, en particular, reforzar la inversión en activos intangibles. Además, tendría que contribuir a enfocar las iniciativas para reducir las brechas en habilidades de los trabajadores, incluidas las digitales (casi el 25% de los ocupados en España carece de habilidades digitales o las que posee son bajas), junto a potenciar la adopción de tecnologías digitales en las empresas. En este sentido, la baja inversión empresarial en capital gerencial y en I+D (el gasto en I+D sobre el PIB solo supone un 1,44% en España, frente al 2,23% de la EU-27) es otro de los puntos débiles que se debería abordar. También la elevada proporción de empresas conocidas como «zombis» supone un hándicap para la productividad española. Así mismo, habría que reducir las grandes brechas de productividad entre empresas líderes y rezagadas, brechas que también se observan entre las regiones.  El desarrollo de una estrategia española bien articulada en estos ámbitos puede beneficiarse del seguimiento de los análisis y experiencias surgidos de otras comisiones de productividad.

Hay muchas opciones para articular una comisión de esta naturaleza, pero es importante que tenga capacidad efectiva de cumplir su misión. En comparación con las instituciones fiscales independientes establecidas hace años, las comisiones de productividad creadas en la UE operan limitadas por presupuestos insuficientes y un marco legal débil. También es importante su composición, con una combinación de académicos, expertos, exfuncionarios gubernamentales y cierta participación empresarial. Sería particularmente importante contar con una presidencia de alto perfil. Algunas comisiones cuentan con miembros internacionales, para aprovechar sus experiencias. La mayoría de las comisiones rinden cuentas al gobierno, a menudo a un ministerio, pero también al primer ministro, y algunas rinden cuentas al parlamento o a consejos económicos y sociales en los que participan grupos de interés.

Una comisión de productividad oficial, bien diseñada, podría ayudar a mejorar la formulación, implementación y continuidad de las políticas proproductividad. Combinando sus actividades con la información y el trabajo analítico sobre el comportamiento de la productividad de España aportado por investigaciones ya desarrolladas, como el OPCE (Observatorio de Productividad y Competitividad de España), podrían equipar a los responsables políticos de evidencias y recomendaciones sólidas para desarrollar una estrategia de políticas proproductividad.

España puede aprovechar las lecciones aprendidas por las comisiones de otros países en su desarrollo y funcionamiento, para evitar errores y mejorar resultados. La OCDE considera tres elementos particularmente relevantes: su configuración institucional, incluidos los recursos y la independencia analítica; las responsabilidades y funciones de la comisión, incluida su experiencia y capacidad de análisis; y la labor de transferencia de sus resultados a las instituciones, al tejido productivo y a la sociedad, mediante la participación de los grupos de interés, la difusión de conclusiones y la influencia en la formulación de políticas. La eficacia de las comisiones en todos estos ámbitos depende del compromiso y apoyo de los gobiernos, proporcionándoles acceso a todos los datos necesarios para respaldar sus análisis y recomendaciones, y capacidad para impulsar políticas y evaluar resultados. Dada la importancia de la mejora de la productividad para España, estaría justificado otorgarle a la comisión un mandato amplio de elaboración, difusión y presentación de informes, tanto en contenidos como en destinatarios.

Los problemas de productividad no sólo son complejos, sino también de amplio alcance, lo que significa que una comisión de productividad en España tendría mucho trabajo por delante. Sus dos primeras misiones deberían ser desentrañar las causas de los problemas e identificar las vías para poner en marcha los múltiples motores de la productividad, a partir de análisis rigurosos. Una tercera misión de la comisión debe ser contribuir a difundir, entre los distintos grupos de interés y entre los ciudadanos, los beneficios de las palancas públicas y privadas que pueden utilizarse para fortalecer la productividad, así como los costes de no hacerlo

Para ampliar esta información se puede consultar la publicación Learning from Productivity Commissions (Fundación BBVA, 2023) y la base de datos Observatorio de la productividad y la competitividad en España (Fundación BBVA, 2024).