La renta de las familias es una de las variables determinantes de su bienestar, puesto que define sus oportunidades de consumo. Para la inmensa mayoría de los hogares esa renta está vinculada a los ingresos del trabajo, una actividad que, además de proporcionar ingresos, asienta la integración social. El desempleo, es, sin duda, uno de los problemas clave de la vida económica pues supone un desaprovechamiento de recursos y la reducción tanto del bienestar personal (pérdida de rentas y autoestima) como del bienestar social (problemas de integración y cohesión social). Estos efectos indeseados se magnifican cuando nos referimos al desempleo de larga duración, que además tiende a cronificarse, o cuando las personas afectadas por ese desempleo no tienen derecho a ninguna prestación.

La última Encuesta de Población Activa refleja una tasa de paro del 11,8% en España, que indica una evolución positiva del mercado laboral, dadas las altas tasas de paro que tradicionalmente caracterizan a la economía española y que llegaron a alcanzar casi el 27% en 2012. Sin embargo, ese buen dato resulta menos positivo cuando se analiza también la duración y la cobertura de prestaciones de las personas desempleadas. Más del 41% de las más de  2.850.000 personas desempleadas son paradas de larga duración (duración superior a un año) y un 28% han permanecido desempleadas durante más de dos años (estamos hablando de unos 700.000 trabajadores). Además, dos tercios de las personas desempleadas no recibe ningún tipo de subsidio de desempleo.

Esta incapacidad de la tasa de paro de reflejar aspectos sociales muy relevantes del desempleo ha provocado que, tanto desde las instituciones como desde el ámbito académico, se esté replanteando la medición del desempleo. Con respecto a la medición de su incidencia, se han hecho ya diversas propuestas alternativas, como las planteadas por la Oficina de Estadísticas del Trabajo en Estados Unidos (que define hasta seis medidas del desempleo, progresivamente comprehensivas) y por la Comisión Europea (recurriendo a la noción de holgura en el mercado de trabajo). Por otra parte, desde hace poco más de una década, se han elaborado fórmulas de medición del desempleo en las que la tasa de paro se combina con la duración media del desempleo, para tener una mejor medida de su impacto

La monografía El coste social del desempleo en España aborda la valoración del coste social del desempleo (CSD) interpretando el paro como una pérdida de bienestar social. Para ello, parte de la combinación de tres dimensiones diferentes: la incidencia (tasa de paro), la severidad, que es una función creciente de la duración media del desempleo y de la renta perdida por permanecer en desempleo (diferencia del salario y las compensaciones por desempleo, si las hay), y la histéresis (probabilidad de seguir desempleado una vez que la persona se encuentra en esa situación). Se trata de factores interdependientes que capturan algunos de los elementos esenciales del problema que supone el desempleo desde un punto de vista económico.

Para calcular el CSD se estima la renta que cada trabajador ha perdido por estar desempleado (diferencia entre el salario que obtendría y el importe de la prestación o subsidio de desempleo). La pérdida de bienestar de cada persona desempleada se calcula mediante la renta perdida durante todo el tiempo que permanece desempleada. Y el CSD mediante la suma del total de rentas perdidas por todas las personas desempleadas.

El estudio se centra en analizar el proceso de recuperación económica tras la crisis financiera de 2008 en España, un periodo que comienza en 2015 y que permite ilustrar bien la diferencia de valoración que se obtiene según la forma de medir el desempleo.

Para el análisis empírico se combinan dos bases de datos. La primera corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que proporciona información mensual sobre cada una de las personas registradas como desempleadas (duración del desempleo, características sociodemográficas, prestaciones que reciben, etc.). La segunda, a los microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial (EES), que permiten estimar la renta perdida para cada persona desempleada.

Los datos relativos al periodo estudiado proporcionan dos mensajes fundamentales. Primero, que la caída en la tasa de desempleo no ha sido suficiente para compensar el deterioro del bienestar de las personas que siguen desempleadas, en particular las de larga duración. Segundo, la enorme diversidad de situaciones que se observan, tanto por tipo de persona desempleada como entre las comunidades autónomas. Lo que significa que las variables promedio tienen un escaso valor informativo y, por tanto, se requiere abordar el problema de la medición del desempleo con indicadores más informativos y desarrollando políticas diseñadas “a medida” y centradas en los colectivos más vulnerables.

Como resultado de ello se pone de manifiesto la desigual distribución del CSD ya que, alrededor del 30% de las personas desempleadas soporta el 90% del CSD. Se trata de personas mayores de 45 años, que llevan más de dos años desempleadas, no perciben ninguna compensación por desempleo, tienen un nivel educativo medio-bajo y son, mayoritariamente, mujeres.

Con respecto a las diferencias por CC. AA., sirva como ejemplo el dato relativo a 2018, ya en plena recuperación de la actividad económica en España. Existen diferencias muy significativas entre la tasa de paro y el CSD, que en algunas CC. AA. puede alcanzar más de 100 puntos porcentuales de desviación respecto a la media nacional.

Se observa que las regiones con mayores tasas de desempleo son Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Baleares. En el otro extremo se encuentran Navarra, Madrid y Aragón. Sin embargo, atendiendo al CSD, la clasificación es muy diferente: las regiones con mayor CSD son, por este orden, Andalucía, Asturias y País Vasco. Por otra parte, Baleares es la región con menor CSD. Esto se debe a que es la región en la que la duración media en el desempleo es notablemente inferior al resto (menor severidad e histéresis). El País Vasco, por el contrario, exhibe una duración media del desempleo superior a la del resto de regiones y una pérdida salarial por la falta de empleo mayor (mayor severidad e histéresis). Estos dos factores explican un alto CSD, a pesar de exhibir la menor tasa de paro.

Para ilustrar la relevancia de tomar en cuenta la duración del desempleo, con datos más actuales, se compara la evolución del número de personas desempleadas con la evolución del número de meses de desempleo que acumulan aquellos que están en dicha situación (el producto del número de desempleados por la duración media), para el periodo 2005 a 2021 (tomando el inicial igual a 100 para ambas variables). Mientras que el número de parados se triplica de 2005 a 2014, el número de meses acumulados de desempleo más que se quintuplica.

Conviene recordar que, entre las personas desempleadas de larga duración -que son quienes han agotado las prestaciones por desempleo en mayor medida-, la probabilidad de seguir desempleado aumenta conforme crece la duración del desempleo. Eso hace que una mejor coyuntura laboral no consiga compensar la inercia del desempleo en este colectivo. Los datos muestran que, al centrar nuestra atención en la tasa de desempleo, estamos ignorando información fundamental sobre la situación del mercado laboral y la dimensión del problema social que supone la falta de empleo. Las tasas de paro están muy lejos de proporcionar la información necesaria para valorar el impacto del desempleo en la sociedad, porque hay clara evidencia de que mientras una parte de la población desempleada se incorpora al empleo, otra parte se cronifica.

Hace falta una nueva forma de medir el desempleo, que tenga en cuenta no sólo la tasa de paro sino también la duración del desempleo y la renta perdida de las personas desempleadas. Sólo así tendremos una visión precisa de las implicaciones de este problema social y una base adecuada para diseñar las políticas para combatirlo y valorar sus efectos.