El sector público desempeña un papel fundamental en garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de un territorio y mejorar los niveles de bienestar de la sociedad. En España, el gasto público en los servicios públicos fundamentales (SPF) que componen el estado del bienestar (sanidad, educación y protección social) supone una cifra equivalente al 26,8% del PIB, una ratio que se sitúa casi 5 puntos porcentuales (pp) por debajo de los países de la eurozona e inferior a la de las cuatro mayores economías europeas (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia).

En España, las competencias en los SPF se reparten entre  las  distintas  administraciones  públicas  (AA. PP.): las comunidades autónomas (CC. AA.) y la Seguridad Social concentran el 90% del total del gasto público en SPF y las administraciones locales y central absorben el resto. Sin embargo, estas competencias son de naturaleza muy distinta. Mientras que las comunidades tienen asumidas las relacionadas con educación, sanidad y servicios de protección social como la dependencia, la Seguridad Social y la Administración Central se encargan principalmente de las pensiones y las prestaciones por desempleo.

Durante los años de expansión, el gasto real en SPF por habitante experimentó crecimientos generalizados en todas las AA. PP. Pero, en los años de crisis, la Seguridad Social logró proteger el nivel de gasto en SPF, frente a las administraciones regionales que tuvieron que ajustarlo en un 15% de media.

No todas las comunidades se han comportado de la misma manera a lo largo de todo el periodo analizado (2003-2016). Durante la etapa expansiva (2003-2009) el gasto real en SPF por habitante experimentó un crecimiento acumulado de más del 20% en todas las comunidades, llegando a superar el 40% en Murcia y en Castilla-La Mancha. Del mismo modo, la intensidad de los ajustes no fue la misma en todas las regiones durante los años de crisis. Castilla-La Mancha redujo su gasto en SPF por habitante en más de un 26% entre 2009 y 2013, mientras que País Vasco, Asturias y Cantabria lo hicieron en menos de un 10%.

En los últimos años, el gasto en SPF de las comunidades ha iniciado su senda de recuperación, si bien ninguna comunidad, a excepción de Cantabria y País Vasco, ha recuperado los niveles de gasto público en SPF per cápita (calculado en euros constantes) previos a la crisis.

Además de experimentar evoluciones tan distintas, los niveles de gasto en educación, sanidad y protección social por habitante difieren notablemente entre comunidades. En ocasiones, estas diferencias (en términos per cápita) se atribuyen a la existencia de necesidades de gasto por habitante distintas. En este sentido, una población más envejecida tiene mayores necesidades sanitarias y de dependencia que una población más joven, cuyas necesidades están más enfocadas al ámbito educativo. Asimismo, regiones con población más dispersa asumen mayores costes unitarios para prestar servicios públicos como consecuencia del desaprovechamiento de las economías de escala. Por ello, en el marco del sistema de financiación autonómica se utiliza un indicador de necesidades (población ajustada), que pondera la población total en base a unos criterios que permiten un análisis comparativo más homogéneo (población joven, población protegida equivalente, población mayor y otras variables territoriales, como la insularidad, la superficie y la dispersión de la población).

Las diferencias de gasto en SPF por habitante ajustado entre la comunidad que más gasta (País Vasco, 3.218€) y la que menos (Canarias, 2.265€) son sustanciales y alcanzan el 42% en 2016. Además, el gasto por habitante ajustado de País Vasco y Navarra es 31 pp y 23 pp superior a la media española en 2016, respectivamente, mientras que el de las regiones insulares (Baleares y Canarias) es un 7%-8% inferior. Estas diferencias interregionales ya eran patentes en el momento en el que finalizó el traspaso de competencias a las comunidades en el año 2002 y la posición relativa de las mismas apenas ha sufrido modificaciones a lo largo de periodo.

La existencia de diferencias en el gasto en SPF por habitante ajustado es un reflejo de que las diferencias responden no solo a distintas necesidades, sino a otros factores como la disponibilidad de recursos o el ejercicio de la autonomía por parte de las comunidades a la hora de determinar el nivel de prestación de los servicios o la modalidad de gestión de los mismos, lo que tiene consecuencias sobre el gasto unitario.

La monografía Las facetas del bienestar calcula un indicador de bienestar por comunidades mediante métodos de agregación a partir de variables de naturaleza objetiva correspondientes a tres dimensiones: bienestar material, educación y salud. Las comunidades que se sitúan en las primeras posiciones del ranking del bienestar referente al año 2015 (último año disponible) son País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid y Cantabria, teniendo todas ellas, excepto Madrid, un gasto en SPF por habitante ajustado superior a la media española. En las últimas posiciones se encuentran Canarias y Andalucía, ambas por debajo del promedio en gasto en SPF.

Ninguna comunidad, a excepción de Cantabria y País Vasco, ha recuperado los niveles de gasto en servicios públicos fundamentales por habitante previos a la crisis

Existe, por tanto, una relación positiva entre el nivel de gasto en SPF por habitante ajustado y el valor agregado del indicador de bienestar objetivo de la población con un coeficiente de correlación del 54% en 2015. Sin embargo, la ordenación en el ranking no es exactamente igual en ambas variables puesto que existen otros factores que pueden influir en los niveles de gasto en SPF y bienestar de las CC. AA. como la participación de las corporaciones locales en materia social, la importancia del sector privado en los servicios educativos y sanitarios o las ineficiencias en la gestión de los recursos.

Es fundamental disminuir el rango de dispersión entre comunidades en el nivel de gasto en SPF y reducir las desigualdades entre territorios. En este sentido, es importante conocer los determinantes de estas diferencias entre comunidades puesto que son un obstáculo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos y para alcanzar mayores niveles de bienestar en la población. Asimismo, es crucial establecer un sistema que proteja los servicios públicos fundamentales prestados por todas las administraciones ante situaciones de crisis económica y de caída de ingresos públicos como la vivida en España en la última década.

Para ampliar esta información pueden consultarse: Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades (Fundación BBVA, 2015) y Las facetas del bienestar (Fundación BBVA, 2018).

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