La juventud española dista de disfrutar unas condiciones de vida homogéneas, pero buena parte de la misma accede al mercado de trabajo con dificultades y su peso en la población parada es el doble que en la ocupada. Esa extendida precariedad laboral explica que la renta por unidad de consumo (es decir, teniendo en cuenta la composición del hogar) de los hogares cuyos sustentadores principales son jóvenes de entre 16 y 29 años sea un 15% inferior a la media.

Con los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 53,2% de las personas en esa franja de edad tiene dificultades para llegar a final de mes, 5,4 puntos porcentuales por encima del promedio de la población. Esto sucede a pesar de que la juventud actual disfruta de más oportunidades educativas, aunque no todos los jóvenes han alcanzado los mismos resultados. La mitad de las personas entre 25 y 29 años posee estudios superiores, universitarios o de formación profesional superior, cuatro veces más que en 1980. Pero un 25% de los jóvenes de ese grupo de edad solo tiene estudios obligatorios.

Aunque los jóvenes españoles de edades comprendidas entre los 16 y los 29 años tienen rasgos generacionales comunes, los factores socioeconómicos de origen y, muy especialmente, la formación alcanzada, marcan importantes diferencias entre los mismos. Lo hacen principalmente en sus posibilidades de inserción laboral, pero también en otros importantes ámbitos de sus trayectorias vitales. La diversidad de situaciones personales es muy notable y, por esa razón, considerar que los miembros de una misma generación disfrutan o padecen las mismas condiciones de vida y se enfrentan a los mismos escenarios futuros es un error.

La monografía Presente y futuro de la juventud española, publicada por la Fundación BBVA y el Ivie, describe cuatro perfiles de jóvenes que se diferencian por su situación y oportunidades. En el grupo más desfavorable, formado por casi un millón de ninis, se encuentra el 14% de jóvenes que ni estudia ni trabaja. En el lado opuesto, se sitúa el grupo de quienes han contado con un entorno familiar o escolar favorable han alcanzado estudios universitarios y disfrutan de trabajos cualificados, contratos estables y salarios elevados. Entre estos dos extremos, figuran los jóvenes que trabajan, pero de forma irregular y con bajos salarios, y aquellos que han acabado formación posobligatoria y tienen empleos que les permiten disfrutar de cierta estabilidad laboral.

El estudio, elaborado por un equipo de investigadores del Ivie y la Universitat de València, dirigidos por Francisco Pérez, director de investigación del Ivie y catedrático emérito de la Universitat de València, encuentra una relevante diversidad de posiciones, pero también rasgos comunes.

En general, las personas jóvenes están más expuestas a los vaivenes del ciclo económico y la calidad media de sus ocupaciones es peor. El 25,4% de jóvenes trabaja con contratos a tiempo parcial, 12 puntos por encima de la media del conjunto de la población, y la tasa de temporalidad de la juventud ocupada también dobla el promedio. Una tercera dimensión de su mayor precariedad laboral es la salarial: los salarios de los jóvenes de entre 16 y 29 años son un 35% inferiores a la media y el progreso de sus ingresos a lo largo de la vida laboral está siendo más lento, pues mientras las cohortes anteriores alcanzaban una base de cotización similar a la media antes de los 27 años, actualmente, los adultos jóvenes a los 34 años todavía no la han alcanzado.

Sin embargo, en torno a esos promedios existen diferencias entre distintos grupos: los jóvenes menos formados tienen menos posibilidades de conseguir buenos empleos y progresar, tanto en estabilidad laboral como en salario, y las mayores ventajas las consiguen los que tienen estudios superiores. Descontado el efecto de otras variables distintas del nivel de estudios, los jóvenes que poseen Formación Profesional de grado superior logran salarios medios un 11,3% mayores que los jóvenes con solo hasta educación obligatoria y los universitarios consiguen empleos un 33,8% mejor remunerados.

Parte de las ventajas salariales de los jóvenes más cualificados se derivan de su preparación para ocupar puestos de trabajo que requieren conocimientos avanzados en competencias que los mayores no pudieron adquirir. Gracias a ello, en el empleo joven de 25 a 29 años pesan más los puestos más cualificados (38,7%) que en el conjunto de los ocupados (35,6%).

El aprovechamiento de las oportunidades de acceso a la educación que han disfrutado las generaciones jóvenes se ha convertido en un factor de movilidad social fundamental. Prueba de ello es que el nivel de estudios completado es un predictor muy relevante de las diferencias en las trayectorias vitales y laborales y el estrato socioeconómico alcanzado. El 59,2% de los jóvenes entre 25 a 29 que proceden de un estrato socioeconómico bajo, pero han completado estudios superiores, consiguen ascender al estrato alto.

En cambio, solo logran esa meta el 13,4% de los que únicamente cuentan con formación obligatoria. Pero la educación también es relevante para desplazarse socialmente hacia abajo y condiciona la probabilidad de conservar la posición de los jóvenes que parten de un entorno socioeconómico favorable: un 38,5% de los que proceden de un estrato alto, pero solo finalizan estudios obligatorios, descienden hasta el estrato socioeconómico bajo, mientras que este porcentaje cae al 19,7% en el caso de que hayan alcanzado estudios secundarios posobligatorios y solo alcanza el 8,5% de los que poseen estudios superiores. La movilidad social descendente también contribuye al aumento de la desigualdad social cuando aquellas personas que parten de condiciones de partida favorables no aprovechan las ventajas de la educación.

Los avances educativos en España han impulsado la movilidad social, ya que han permitido que la mitad de los jóvenes entre 25 y 29 años tenga estudios superiores, universitarios o de formación profesional, cuatro veces más que en 1980.

Sin embargo, como las importantes mejoras no han llegado a toda la juventud por igual, ese ascensor social tiene sus límites. Se derivan en parte de que el sistema educativo no ha priorizado en la asignación de sus recursos la compensación de las carencias del alumnado desfavorecido.

Los factores socioeconómicos de origen y los antecedentes familiares son los determinantes más relevantes del fracaso o el éxito educativo. Los entornos desfavorables se traducen en escolarización infantil tardía y menos apoyos para mejorar el rendimiento escolar en los niveles obligatorios. La consecuencia es que el origen social sigue condicionando los resultados educativos.

Estas limitaciones en la igualdad real de oportunidades educativas dejan cicatrices duraderas porque marcan el futuro laboral y socioeconómico de la juventud. Aunque la situación de las personas jóvenes es heterogénea desde distintas perspectivas, la precariedad laboral es uno de los principales problemas que afronta buena parte de la juventud española. La precariedad se traduce en menores ingresos, debido a las bajas tasas de ocupación y de salarios, y en retraso en la emancipación y la natalidad.

La renta media por unidad de consumo de los hogares en los que el sustentador principal es una persona entre 16 y 29 años (se calcula según el número y características de los miembros del hogar) se sitúa en torno a 16.000 euros anuales, un 15% menos que la media de los hogares. Esa menor renta es hasta un 40% por debajo de la media en el caso de los hogares cuyo sustentador principal es un joven sin formación superior (11.000 euros anuales). La juventud emancipada vive mayoritariamente de alquiler y ha de dedicar un elevado porcentaje de su presupuesto al alojamiento, casi la mitad de los ingresos del hogar. Además, tarda más que las generaciones anteriores en lograr el nivel salarial medio típico de cualquier profesión. Mientras la cohorte nacida en 1955 alcanzó la base de cotización media a los 27 años, los nacidos en 1985 todavía no la alcanzaron con 34 años.

Esta peor trayectoria laboral, caracterizada para muchos jóvenes por la dificultad duradera de encontrar empleo y la lenta mejora de sus salarios, tiene consecuencias sobre las cotizaciones sociales que van acumulando y las tendrá probablemente en la jubilación. Dado que nuestro sistema de pensiones es contributivo, la heterogeneidad en la etapa laboral activa tiende a trasladarse a la etapa de pensionista.

Así pues, los factores que favorecen una vida laboral de mayor calidad también favorecen una jubilación con mejor calidad de vida. Los jóvenes con carreras laborales largas obtendrán pensiones adecuadas a sus salarios, lo que les permitirá mantener su nivel de vida tras la jubilación, lo que no excluye la necesidad de ahorro si los salarios han sido altos, dada la limitación de la pensión máxima. En el otro extremo, si la carrera laboral ha sido corta, el nivel de la pensión será insuficiente para mantener el nivel de vida previo, en los casos de bajos salarios el sistema incluye la garantía de complemento a mínimos, pero en el resto de casos el posible complemento debe proceder del ahorro privado.

Es decir, si las desventajas iniciales se prolongan en el tiempo y no se compensan a lo largo de la vida laboral afectarán a sus derechos de pensión futuros, reduciéndolos. Además, si no se amplía la edad de jubilación, las posibles reformas futuras en el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad financiera harán que la cuantía de las pensiones de los que hoy son jóvenes sean más bajas en relación al último salario percibido que las que están recibiendo los actuales pensionistas.

Pérdida de peso demográfico

Para abordar las mejoras necesarias en los diversos ámbitos que afectan a la juventud son precisas políticas específicas. Sin embargo, según los autores del estudio, la pérdida de peso demográfico de la juventud en el último cuarto de siglo puede reducir su influencia en la atención a sus problemas y en el diseño de las políticas para responder a los mismos. El colectivo de jóvenes entre 16 y 29 años representa actualmente el 14,8% de la población, 9 puntos porcentuales menos que en 1995, frente al peso de otras franjas de edad como los mayores de 65 años que ha crecido hasta el 20,2%.

El documento propone una serie de iniciativas para mejorar la situación de los jóvenes, tanto en el ámbito público como en el privado. En el público, subrayan la necesidad de combatir la desigualdad de oportunidades y resultados educativos y laborales. En primer lugar, destaca la necesidad de impulsar políticas educativas que asignen recursos a recuperar a los estudiantes que se retrasen en primaria y secundaria obligatoria, a ampliar las tasas de escolarización en secundaria posobligatoria y formación profesional, en especial la dual, y a generalizar la formación de calidad en idiomas y competencias digitales.

En el terreno de las políticas laborales, reclaman un despliegue más preciso y enérgico de las políticas de empleo dirigidas a formar a los ninis para rescatarlos de la inactividad y el paro. Además, reclaman el fomento de la vivienda pública en alquiler, cuya escasez afecta especialmente a la juventud en proceso de emancipación e interesada en desplazarse para encontrar empleo.

En cuanto a las actuaciones en el ámbito privado, los autores subrayan la importancia de que las familias presten atención a la educación desde muy pronto, así como a la selección más adecuada de la formación posobligatoria a cursar, pues elegir los estudios que ofrecen una mayor empleabilidad es muy relevante para mejorar las oportunidades laborales posteriores. Desde esta perspectiva, también señalan la importancia de que los centros educativos mejoren sus servicios de orientación, más relevantes cuanto menos favorable es el entorno familiar de los jóvenes.

Para más información accede a la monografía completa Presente y futuro de la juventud española. Una perspectiva socioeconómica