El fenómeno migratorio vivido en España en los últimos años resulta de especial relevancia en un contexto demográfico marcado por los bajos índices de natalidad y el envejecimiento de la población. Los años de bonanza económica supusieron un importante atractivo para la entrada de personas de nacionalidad extranjera, que llegaron a representar el 12,2% de la población total. Sin embargo, con la crisis económica se frenan las entradas y se aceleran las salidas de extranjeros. Estos movimientos, unidos al fenómeno de la emigración de los jóvenes españoles que también se agudiza con la crisis, complican el  equilibrio demográfico en el país.

En España el flujo de entrada de extranjeros se concentra principalmente en los núcleos urbanos y zonas costeras de Cataluña, Madrid, C. Valenciana, Andalucía y Canarias. La crisis económica ha afectado a todas las regiones, con acusadas caídas en la llegada de personas de otros países en 2009, superiores al 30% en todos los casos. Por su parte, la salida de la comunidad extranjera como respuesta a la crisis tiene una reacción inicial importante también en 2009, con incrementos que van desde el 26% de Extremadura al 71% del País Vasco. El punto álgido se alcanza en 2013, año en el que salieron del país 458.974 personas de las que el 77% procedían de las cinco principales CC. AA. de inmigración mencionadas.

La recuperación económica, iniciada en 2014, ha frenado bruscamente la salida de extranjeros de todas las regiones españolas y ha supuesto un incentivo para su llegada. Según el último dato disponible referido a 2016, la entrada de extranjeros crece en todas las comunidades autónomas. Además se reduce el flujo de salidas, excepto en cuatro regiones en las que crece —Extremadura (31%), Andalucía (16%), y con menor intensidad C. Valenciana (1%) y Galicia (0,3%)—. En 2016, en el conjunto del país, la población extranjera que emigró desciende un 4,7% y la que inmigró creció un 21,4%.

La combinación de la caída en la entrada de extranjeros a España y el incremento en la salida hace que en 2009 el saldo migratorio pase de positivo en todas las CC. AA. a un menor saldo positivo o negativo (Cataluña, C. Valenciana, País Vasco, Murcia y La Rioja). El saldo migratorio de las regiones españolas sigue una tendencia decreciente hasta 2013, punto más bajo y negativo para todas ellas, salvo Canarias. De hecho, esta última es la única autonomía con saldo positivo durante todo el periodo de crisis, mientras que en Cataluña, Madrid, C. Valenciana, País Vasco, Murcia y Navarra persiste una mayor salida de extranjeros frente a las entradas durante toda esta etapa.

Con la reactivación de la economía, la salida de extranjeros se detiene en 2014 ayudando a recuperar el saldo migratorio que, aunque negativo en la mayoría de las CC. AA. y en el total nacional, tiene en ese año el punto inicial de mejora. En 2016, todas las CC. AA., salvo Extremadura, cuentan con un saldo migratorio de extranjeros positivo. Esta situación hace que España presente por primera vez desde el año 2009 una ganancia de población (87.422 personas) apoyada en dos años seguidos de saldo migratorio de extranjeros positivo (114.674 personas en 2016) y a pesar de la persistente caída de población española (-27.252 personas).

El efecto negativo que la crisis económica ha provocado en los flujos migratorios se ha trasladado con cierto retraso al volumen total de población extranjera que reside en España, ya que solo se aprecia la caída a partir de 2012, aunque su evolución se ralentiza desde 2010. El leve aumento de la población que vive en España en 2017 (15.124 personas) viene explicado por la ralentización en la caída de la población extranjera residente y por el aumento de los españoles. Este freno en la caída de residentes extranjeros es consecuencia de la recuperación de las llegadas que superan al volumen de salidas en los últimos dos años. Por otra parte, la adquisición de nacionalidad española es uno de los factores que influye en el crecimiento continuado de los españoles.

Frente al aumento que tuvo lugar en el periodo de expansión económica, el año 2010 marca el punto de inflexión del peso de la población extranjera sobre el total de la población, cuando se alcanza un máximo del 12,2%. Cinco años después, en 2015, cae dos puntos porcentuales, hasta el 10,1%. A partir de esa fecha la caída se suaviza y en 2017 el porcentaje de ciudadanos extranjeros en España se sitúa en el 9,8%. Es decir, pese a esta desaceleración en la caída, el peso total de los extranjeros en España en 2017 no ha recuperado los valores anteriores a la crisis y se sitúa un 19,6% por debajo de los máximos registrados en 2010.

El impacto de la crisis en el peso de la población extranjera en las CC. AA. ha sido heterogéneo. Entre las autonomías con mayor porcentaje de extranjeros, las que registran mayores caídas desde 2010 hasta 2017 son Madrid (-26,9%), Comunidad Valenciana (-25,6%) y Baleares (-23,5%), frente al País Vasco, única comunidad autónoma en la que crece el peso de la población extranjera en este periodo (1,9%). En la actualidad, las regiones con mayor presencia extranjera en su población son Baleares, Cataluña, Murcia y C. Valenciana, todas ellas por encima del 13%. En el extremo opuesto se encuentran Asturias, Galicia y Extremadura por debajo del 4%.

En 2016, la llegada de población extranjera compensa la salida de españoles y contribuye a una ganancia neta de población en España de 87.422 personas

Los cambios en el stock y en los flujos migratorios de la población extranjera han dibujado un nuevo escenario demográfico. Al inicio de la década del año 2000, la marroquí era la nacionalidad extranjera mayoritaria en España, seguida de la británica y la alemana. Con la intensa inmigración en los años de expansión económica, aumentó el peso relativo de la comunidad latinoamericana, principalmente de origen ecuatoriano y colombiano, convirtiéndose en  la más numerosa entre 2003 y 2007. La inmigración rumana, relevante desde 2003, sustituyó a la latinoamericana y llegó a ser la principal desde 2008 hasta suponer el 16% en 2015. La nacionalidad ecuatoriana perdió presencia a consecuencia de la crisis económica desde 2009 y más intensamente entre 2012 y 2013. A este efecto hay que sumarle el impacto de la adquisición de nacionalidad española de muchos de ellos.

El cambio de rumbo de la economía en 2014 ha modificado de nuevo este mapa y la comunidad marroquí vuelve a ocupar el primer lugar (16,4%, 2017). El porcentaje de rumanos ha ido disminuyendo a partir de 2015 y se sitúa actualmente como la segunda nacionalidad en importancia (15%, 2017). El volumen de ecuatorianos sigue descendiendo aunque de forma más suave desde 2016. En la actualidad, las dos nacionalidades predominantes en las regiones españolas son la marroquí y la rumana. Solo en Murcia la inmigración ecuatoriana es la segunda con más peso.

Los bajos índices de natalidad, el envejecimiento de la población y la continua emigración de la población joven son desafíos a los que se enfrenta la sociedad española. En este contexto, el impacto demográfico que tiene la población extranjera puede contribuir a solventar estos retos, por lo que se hace necesaria la proyección de políticas de integración efectivas que la asienten, con un enfoque bidireccional y dinámico. Es recomendable desarrollar políticas integradoras específicamente en el mercado laboral, con un seguimiento de su impacto, al ser el trabajo un elemento fundamental en este proceso de integración.

Para ampliar esta información puede consultarse la momografía: ‘Cambios en la estructura y  localización de la población: una visión de largo plazo (1842-2011)’ (Fundación BBVA  2015)

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