A raíz de la tramitación en las Cortes Generales de la Ley conocida como de Mecenazgo surgieron numerosas críticas que la calificaban de restrictiva, intervencionista y alejada de lo regulado en otros estados de la Unión Europea. Ello suscitó por parte del Gobierno central una revisión parcial de su postura y la presentación a finales de 1993 de un nuevo Proyecto de Ley de Fundaciones. Un encuentro, celebrado en Bilbao y organizado por la Fundación BBV con la participación de más de 200 fundaciones, semanas antes del debate parlamentario sobre el mencionado Proyecto de Ley, debatió el borrador de su articulado, poniendo de manifiesto la relevancia de que el legislador asuma la nueva cultura política de los países occidentales, en la que prima una nueva articulación de funciones entre Estado y sociedad.