La esencia del diseño autonómico que emana de la Constitución provee de la garantía de que, en efecto, las comunidades autónomas son agentes plenamente involucrados en el ejercicio de la política fiscal. Tras hacer un balance de más de una década de experiencia desde la puesta en marcha de los Estatutos de Autonomía, y de considerar la prioridad de delimitar el mapa competencial, se defiende un concepto amplio de corresponsabilidad fiscal del que deberían disfrutar aquellas comunidades autónomas verdaderamente inscritas en la determinación de la política fiscal, ámbito para el que se realiza una serie de propuestas.