El estado de bienestar se inició en España a mediados de los sesenta, cuando la mitad del gasto público era ya el dedicado a las atenciones sociales. Entonces, la población ocupada en la industria rebasó, por primera vez, a la del sector agrícola y pesquero. Treinta años después, problemas como la costosa cobertura del elevado paro, la escasez de residencias de ancianos, una educación de baja calidad, una complicada extensión de la asistencia sanitaria o el fraude y la picaresca, entre otras razones, provocan críticas que, sin embargo, no justifican la privatización o supresión del estado de bienestar. El modelo, además de asegurar la estabilidad social y la cobertura solidaria, beneficia al propio sistema económico, que ve sostenida la demanda o cuenta con el recurso a subsidios y jubilaciones anticipadas para resolver situaciones de exceso de personal.