La Constitución española de 1978 recoge reivindicaciones políticas y tradicionales para expresar una indudable voluntad de respetar y amparar los que define como «Derechos Históricos de los territorios forales». Estos derechos para unos, aluden a un sistema de autogobierno diferenciado del resto de España, cuya titularidad se restringe a Navarra y Euskadi; para otros comprenden también la foralidad jurídico-privada de Aragón, y para el resto, corresponden asimismo a Cataluña y Galicia. La utilidad de tales derechos se encuentra en la aceptación de unas personalidades políticas propias y de unas formas específicas de alcanzar el desarrollo jurídico de esas identidades. Por otra parte, la proyección de futuro de los mencionados derechos radica en su actualización, que debe llevarse a cabo de un modo democrático.