La importancia relativa del transporte en la economía europea se ha estimado en torno al diez por ciento del producto interior bruto (PIB). Su demanda derivada de otras actividades productivas y su función en la vida diaria propiciaron una aproximación en la oferta, más tecnológica que económica. La capacidad fue creciendo para hacer frente a una demanda en expansión, justificándose la construcción de nuevas infraestructuras sin prestar atención a su viabilidad económica, regulación, tarificación, gestión y financiación y, menos aún, a las externalidades que producían.

Esta situación está cambiando en las últimas décadas por razones diversas: el rechazo social a los monopolios; la dificultad de justificar las barreras a la entrada en los mercados de transporte y el recurso sistemático a las arcas públicas para financiar los ferrocarriles y las compañías aéreas de bandera; el problema de la congestión y la imposibilidad de sostener una política basada exclusivamente en ampliaciones de capacidad, y la necesidad de hacer frente a la contaminación y a la reducción del número y la gravedad de los accidentes. El análisis económico proporciona una visión diferente a la tecnológica al examinar la estructura de los mercados y el comportamiento de las empresas, además de ofrecer instrumentos para evaluar las inversiones en infraestructuras,entre otras cuestiones.