La calidad de las instituciones de gobierno y el control de la corrupción son piezas fundamentales para el desarrollo económico de los países, tanto más cuanto más avanzadas son sus economías. La debilidad institucional y la corrupción no solo tienen un impacto negativo sobre la política y la convivencia de un país. Tienen también un coste económico que va más allá del montante de los fondos públicos indebidamente apropiados, ya que deterioran elementos clave del funcionamiento de una economía. La corrupción y la baja calidad institucional desincentivan el emprendimiento, la innovación, la competencia y el esfuerzo. Estos factores se traducen en menor productividad, mayor desempleo y remuneraciones inferiores a los que serían posibles con la tecnología y el capital disponibles.

Este informe compara la calidad institucional y los niveles de corrupción percibidos en el Estado español con los del resto del mundo, realiza una aproximación al coste económico que tiene el aparente déficit de calidad institucional que se detecta en el país y repasa algunas líneas de actuación que permitirían mejorar esa calidad.

A pesar de que la calidad de las instituciones de gobernanza españolas se sitúa entre el 20% de los países con un mejor nivel en el mundo, su valor está por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con el desarrollo de su economía. En el contexto de las economías avanzadas, España presenta un déficit institucional que se concentra en los aspectos de calidad regulatoria, respeto a la ley y los contratos y, sobre todo, el control de la corrupción. El cálculo del efecto que tendría una mejora de la calidad institucional sobre el nivel de renta en España admite distintos escenarios y resultados. Ahora bien, todas las calibraciones realizadas dan lugar a un notable impacto potencial positivo.

El reto de mejorar la calidad de las instituciones de gobernanza no es trivial puesto que conlleva aspectos muy diversos que van más allá del control de la corrupción y que abarcan cuestiones como la agilidad del sistema judicial, el vigor e independencia de los organismos de control, la calidad regulatoria, la transparencia del sector público y la eficiencia administrativa. En cualquier caso, y además de por razones éticas y políticas, la mejora de la calidad de la gobernanza debe constituir una pieza clave de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la economía española.