En la sociedad del riesgo en que vivimos, las consecuencias de los peligros medioambientales pueden afectar a un muy elevado número de personas, de tal modo que la responsabilidad sobre las decisiones ha acabado por repartirse entre diversos colectivos. En el modelo danés de gestión de residuos sólidos urbanos, basado en el retorno de envases, la Administración afronta el problema y las empresas envasan sus productos con recipientes reutilizables. Otro modelo, el alemán, se fundamenta en la intermediación de intereses entre sector público, distribuidores y consumidores, marginando a productores; Francia, que prioriza el tratamiento de los residuos, deposita la titularidad del problema en la Administración, que comparte deberes económicos con los productores. La directiva comunitaria, solución de compromiso de estas dos últimas estructuras, se traspone con dificultad en España.