La privatización del Estado a la que asistimos nos lleva cada día a un nuevo caso de conversión de tradicionales órgnos administrativos en «entes» singulares cuya característica común es la aplicación a ellos de un régimen jurídico-privado. Así ha ocurrido con el Correo, los Puertos, los Aeropuertos, la Agencia Tributaria, el Patrimonio del Estado, el INI, y otros. La presente investigación analiza la cuestión desde laas perspectivas jurídica, política y económica para determinar hasta qué punto es constitucional y legal esta huida del Derecho Público. El autor reivindica la recuperación del viejo Derecho Público, fruto de la historia, que no tiene que ser visto por el político como una carrera de obstáculos sino como camino y garantía de un buen gobierno.