Este volumen analiza la evolución del gasto de las Administraciones Públicas españolas en educación, sanidad y protección social (pensiones, desempleo, atención a la dependencia y servicios sociales) por comunidades autónomas. El período estudiado comienza en 2002 y finaliza en 2013, cubriendo así los años finales de la expansión y la grave crisis económica y fiscal padecida por nuestro país a partir de 2008.

La investigación se ha basado en la amplia información pública disponible sobre este período. A partir de la misma se ha construido un nuevo banco de datos que compila el gasto público de las Administraciones central, autonómica, local y de la Seguridad Social, territorializado y desagregado por funciones.

Los resultados de la investigación realizada muestran que durante la crisis las Administraciones han realizado un importante esfuerzo por preservar estos servicios públicos fundamentales, dedicándoles porcentajes mayores de unos ingresos fiscales y de un PIB que se han reducido en estos años. Gracias a este esfuerzo el gasto en protección social se ha preservado en gran medida, aunque no se han evitado ajustes en el gasto por habitante en educación y sanidad, que han tenido que ser realizados por las comunidades autónomas. El estudio revela también la existencia de sustanciales diferencias de recursos entre comunidades, que afectan a su capacidad de gasto y ponen en cuestión la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios de los habitantes de los distintos territorios.

Los autores proponen crear un fondo de previsión similar al de la Seguridad Social para evitar en el futuro nuevos ajustes del gasto educativo y sanitario en épocas de recesión. Aconsejan también una revisión de la financiación de las comunidades autónomas para que sus diferencias de recursos se reduzcan sustancialmente y se ajusten de manera efectiva a sus necesidades.

El banco de datos y los análisis contenidos en este volumen ofrecen nuevas y valiosas herramientas a los investigadores y analistas de los problemas regionales y fiscales, y también a las instituciones responsables del diseño y la evaluación de las políticas públicas en España.